Facebook Lunes, 15 diciembre 2014

«Es una medida más entre muchas otras que eliminan literalmente los derechos de la gente»

Cuadro vía La República

Cuadro vía La República

 

Escribe Jose Carlos Yrigoyen:

Partamos de una verdad incuestionable: un país desarrollado no se construye solamente con indicadores económicos positivos ni con una libertad económica cuyo mayor objetivo es atraer inversionistas extranjeros. Por supuesto que ambos factores son importantes para alcanzar el desarrollo integral de una nación, pero estos no pueden ser sobrepuestos al objetivo esencial de un país que ansía el progreso: que sus ciudadanos gocen de un estándar de vida decente, que sus condiciones laborales sean justas y con todos los derechos que las organizaciones internacionales exigen, así como que tenga acceso a la cultura, a una educación digna, y, desde luego, no sentirse como un ser de segunda clase en su propia patria.

Este 2015 serán veinticinco años que estamos regidos por un modelo económico liberal que instauró el gobierno por entonces democrático de Fujimori, modelo que luego profundizó en su largo periodo dictatorial y que los sucesivos gobiernos elegidos por las urnas han mantenido sin demasiadas variaciones. Y hace un cuarto de siglo que vengo escuchando que esa libertad económica pro empresarial terminará por imponer, de manera natural, la libertad política absoluta, la educación, la promoción y acceso a la cultura, que nos hará mejores ciudadanos y nos integrará al Primer Mundo, y que incluso viviremos para verlo.

Hoy aparece la noticia de que el Congreso de la República ha aprobado una ley que autoriza a las empresas a no pagar ni CTS, ni gratificaciones, ni seguro de salud ni otros beneficios a los menores de 24 años, con el pretexto de que así más de medio millón de jóvenes conseguirá trabajo con estas excepciones.

A mí esto ya no me sorprende nada: es una medida más entre muchas otras que eliminan literalmente los derechos de la gente para favorecer a los empresarios y defender de esta manera un modelo que en el fondo es tan insensible como le era en los noventa. Ya es claro que la libertad económica no desarrolla por defecto la libertad política, ni la educación, ni la cultura, ni los derechos ciudadanos, como nos dijeron por mucho tiempo pidiéndonos paciencia. La educación peruana pública y parte de la privada siguen siendo tan famélicas como cuando los maestros paralizaron nueve meses el dictado de clases en 1991; no hay ninguna diferencia al respecto. La cultura peruana no es mejor que la de los años ochenta y su promoción es casi inexistente, excepto lo que se refiere a la gastronomía: la mentalidad achorada liberal ha convencido a los peruanos de que basta sentirnos orgullosos por nuestra comida, que a fin de cuentas alimenta y mueve dinero, y no por esos libros deprimentes que escribieron Ribeyro, Arguedas o Vargas Llosa. Los derechos ciudadanos se violan con la misma impunidad de hace treinta años, como el caso de Fidel Flores nos ha ilustrado bien; seguimos siendo el mismo país espantoso donde los peruanos siguen desconfiando los unos de los otros como en el primer gobierno de García, sin que nada haya cambiado tampoco a ese respecto. Y como sabemos, un país donde nadie confía en nadie nunca será un país desarrollado.

Nunca será un país desarrollado aquel donde se les exige a los trabajadores quedarse dos horas más luego de su hora de salida, como pasa en muchos bancos y empresas, pues se cree que esa gente no tiene una familia o una vida propia; nunca sera un país desarrollado aquel donde está prohibido formar un sindicato, donde quien se une a él es hostigado y maltratado, como pasa en los supermercados del Perú; nunca será un país desarrollado aquel en el que se expulsa a los homosexuales de los lugares públicos por besarse, ni tampoco aquel que elige, sin cuestionarse siquiera, a probados delincuentes para que sean alcaldes o parlamentarios. Eso no es un país, sino un conglomerado de gente que ha perdido todo amor propio y vergüenza.

Por eso la noticia de hoy me produce pena pero ya no me sorprende. Solo me confirma que seguir por este camino sin hacer las reformas necesarias y sin poner como prioridad las necesidades y derechos mínimos de la gente no va a mejorar la situación que vivimos: la va a denigrar aún más. Esta forma de entender el progreso es sencillamente indefendible, y nos aleja, aunque muchos quieran negarlo todavía, de ese país desarrollado que nos quieren vender hace veinticinco años.

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