“Me traes 3,000 soles (para la atención post aborto) si quieres evitar el escándalo y la cárcel”
Cuando el Estado no es de todos sino de aquellos que gobiernan con toditos sus prejuicios.
Imagen: Útero.Pe
Escribe: Sandra Rodríguez
Reyna Marina tenía 14 años cuando murió por un aborto clandestino.
El año en que murió era su primer año en Cajabamba. Sus padres la habían enviado, junto a su hermano mayor, a estudiar la secundaria. En su pueblo no había colegio, así que o los enviaban lejos de la familia o se quedaban sin estudiar. Él tenía 16, ella 14. Ese mismo año Reyna Marina se embarazó. En su desesperación de 14 años hizo de todo por deshacerse del embarazo. Tomó yerbas, se puso ampollas de animales y de humanos; nada hizo efecto.
A mediados de julio, un técnico en enfermería le colocó una sonda con agua salada dentro del útero y logró expulsar parte del embarazo. Pero en lugar de terminar, empezaba más bien la peor parte de la pesadilla. A los cinco días una fiebre alertó de la infección. Por temor, el técnico la llevó no al hospital, sino al consultorio privado del único ginecólogo de la ciudad. No la atendió:
“Me traes 3000 soles si quieres evitar el escándalo y la cárcel”.
Los padres se enteraron y volvieron a su pueblo a vender sus animales. Pero ni chanchos ni gallinas alcanzan cuando tu pobreza vuelve imposibles las cifras de tres ceros. Mientras tanto, los vecinos le alcanzaban la comida a una Reyna Marina cada vez más y más débil, hasta que dejó de poder hablar. Sólo entonces la llevaron de emergencia al hospital. Ingresó un 2 de agosto. Su historia clínica registra que ingresó por “aborto incompleto infectado, shock séptico fase 2, peritonitis generalizada”.
Más abajo del diagnóstico, la descripción: “Secreción con olor fétido, cuello uterino con múltiples desgarros, bordes necróticos, orificio interno y externo abiertos, cavidad uterina con abundantes contenido purulento, olor putrefacto y tejido necrótico”. Al día siguiente le hicieron el legrado. Y se lo realizó el único ginecólogo de la ciudad. El mismo que una semana antes le iba a cobrar 3000 soles por hacerle el mismo procedimiento fuera del hospital. Una semana antes le hubiera salvado la vida, ahora ya no.
Murió 3 días después, un 6 de agosto del 2002.
Reyna Marina es una de las 650 mujeres que entre el 2002 y el 2011, según registros del MINSA, murieron por complicaciones derivadas de abortos incompletos, la cuarta causa de mortalidad materna en el país. Pero empiezo con su historia y no con los números porque cuando hablamos de aborto es preciso tener bien en claro que son personas lo que hay detrás de las cifras. Y que detrás de las personas y de la cadena de tragedias que conducen a su muerte hay un cúmulo de causas que se repiten, entre las cuales está el temor por acudir a un centro oficial de salud en donde, además de ser miradas y tratadas con desprecio, corren el riesgo de ser acusadas y denunciadas ante la policía.
Cartel viralizado en redes sociales.
Imagen: Facebook Alberto de Belaunde
Este cartel de EsSalud de Abancay que ahora se ha hecho público solo desnuda la persecución sistemática que viven las casi 350,000 mujeres que abortan en el país cada año. Nos habla además de cómo esta persecución se extiende hasta el final, aún cuando las mujeres se encuentran en situación de emergencia.
No es un tema de ese hospital o de Abancay.
Estamos hablando de una ley que obliga al personal de salud a denunciar a las mujeres que llegan con abortos incompletos. A pesar de que esta disposición legal vulnera el derecho de las mujeres a ser tratadas en confidencialidad, existe porque halla respaldo social en el ímpetu tan naturalizado de nuestra sociedad por castigar a las mujeres que abortan.
Que la historia de Reyna Marina permita imaginar las historias que están detrás de ese cartel. Que son historias de mujeres que día a día llegan a los hospitales para ser atendidas por abortos mal practicados o incompletos. Que ayude a imaginar a quiénes está castigando el Estado y cómo: a las mujeres más vulnerables y desprotegidas dando “lecciones” que atentan contra su salud y sus vidas.
Una de las consecuencias más nefastas de la criminalización del aborto es que nos obliga al silencio, para que parezca que hay un puñado de “malas” mujeres allí donde en realidad hay miles. Porque son miles con nombre e historias propias las mujeres a las que el Estado sigue condenando con una política de criminalización que ha fracasado en su objetivo –evitar que los abortos se produzcan- a la clandestinidad, al estigma, la soledad, la culpa, la estafa, las complicaciones de salud y, en algunos casos, en su extremo más letal, la muerte.
