Yanacocha continúa refiriéndose a la familia Acuña-Chaupe como ‘invasora’
Escribe: Sandra Rodríguez
17 de diciembre del 2014. La Corte Superior de Cajamarca absuelve a la familia Acuña-Chaupe de la acusación fiscal por el delito de usurpación agravada. La sentencia declara además que no es de su competencia pronunciarse sobre la propiedad o posesión previa de Tragadero Grande, el predio en disputa, aclarando que esto deberá dilucidarse en el fuero civil. Por último, ordena el cese del desalojo preventivo y la ministración provisional del predio a favor de Yanacocha que había sido ordenada el 2011 por un Juez de Celendín.
Eso el 2014. Y, sin embargo, casi dos años después, Yanacocha continúa refiriéndose a la familia Acuña-Chaupe como ‘invasora’. “La empresa continuará haciendo respetar pacíficamente su propiedad, evitando nuevas invasiones”, afirman en su comunicado, aún cuando ha quedado claro que, uno, se trata de una propiedad en disputa y, dos, en tanto no hay invasión previa probada, no se puede hablar de “nuevas” invasiones. ¿Por qué se trata de una propiedad en disputa? En resumen, 1) Máxima tiene un certificado de posesión sobre Tragadero Grande otorgado por la comunidad de Sorochuco en 1994, 2 años previos a la venta de terrenos a Yanacocha. 2) Las minutas de compra-venta que hace la Comunidad de Sorochuco a Yanacocha en 1996 y 1997 no indican las coordenadas geográficas, sino que están delimitadas en función de los nombres de los accidentes topográficos y señales de terreno. 3) Ergo, la superposición entre el terreno Tragadero Grande y la venta efectuada a Yanacocha no está del todo clara. 4) Esta superposición tiene que ser dilucidada en fueros civiles y no penales, que es en donde se ha venido llevando el conflicto legal hasta ahora.
A pesar del pedido retórico que hacen en su comunicado de “encontrar una solución satisfactoria a través del diálogo”, Yanacocha actúa como si no tuviese interlocutores, sino enemigos. Así ha venido siendo desde el 2011, cuando luego de dos intentos de demolición de la vivienda, vuelve a ingresar a Tragadero Grande con un cargador frontal y agentes de la DINOES buscando desalojarlos a la fuerza, y logrando dejar inconscientes a Máxima y su hija. El hostigamiento continuó al punto que en el 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar que ordenaba al Estado peruano proteger a Máxima Acuña, medida que el Ministerio Público y el del Interior … cri cri, cri cri. La posición del Estado, más bien, ha sido de complicidad. Por eso, la presencia de la policía en los intentos de desalojo, en el cuidado de las garitas de control, ha sido una constante. En febrero del año pasado, por ejemplo, más de un centenar de personas ingresaron a Tragadero Grande a destruir los cimientos de una nueva casa que Máxima estaba construyendo a 200 metros de la anterior, mientras la policía miraba desde algunos metros de distancia.
La actitud de la empresa con respecto a este conflicto en particular, aparte de estar marcada por el menosprecio del interlocutor, es el resultado de un profundo apego al autoritarismo, apego que está tan naturalizado que ni se dan cuenta. No asocian, por ejemplo, el hecho de haber cercado parte de Tragadero Grande e instalado una caseta de seguridad para cuidar las alpacas que se les ocurrió empezar a criar que mira justo directamente -oh, casualidad- a la casa de los Acuña-Chaupe con el hostigamiento. Y son capaces incluso de difundir el vídeo de su intervención del domingo creyendo que están probando su punto de “miren de quién vino la agresión”, cuando lo que uno percibe al primer vistazo es desproporcionalidad. Máxima ha sido diagnosticada como paciente policontusa en el hospital después del domingo, pero Yanacocha difunde en su página un vídeo donde la policía “aclara” que Máxima “estaba bien”, ¿sugiriendo qué? ¿que se autogolpeó? Que vengan relacionándose de este modo con una persona que tiene una medida de protección ordenada por un organismo regional, la CIDH, y que acaba de ser premiada con el Goldman Environmental Prize, el premio ambiental más importante a nivel mundial, denota no sólo estupidez y un pobrísimo manejo político sino algo más profundo y peor: que miran a través de un lente policiaco, que piensan a partir de una lógica de guerra, que eso hace que su política de manejo de conflictos se salte la negociación porque ha interiorizado que -así lo cree- logra lo que quiere con el uso de la fuerza, de la intimidación.
Que conste que este tratamiento está pero lejos, lejos, de la noción de ‘minería moderna’, que la empresa usa de manera retórica. Y es que el peor enemigo de la minería en el Perú no son pues los grupos llamados «antimineros», sino estos fatales modelos de manejo de conflictos codificados por viejos patrones autoritarios de relacionamiento con las comunidades, de los cuales Yanacocha no se cansa de seguir siendo exponente predilecto.
